Ordena Tribunal Electoral que se entregue información contra Pío López Obrador por financiamiento

El órgano de justicia electoral determinó que no es válida la secrecía ministerial para conocer el proceso de apoyo económico a Morena, partido del Presidente

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República entregar la información respecto a la denuncia que hay contra David León, extitular de Protección Civil del gobierno federal, a quien se ventiló con la entrega de dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente de México.

El TEPJ determinó que no hay elementos para mantener la secrecía ministerial y que los órganos de justicia electoral y penal no entreguen la información que demanda el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de financiamiento a partidos políticos.

El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró fundada la pretensión del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR), la entrega de documentación correspondiente a una carpeta de investigación a su cargo.

En el juicio electoral 262 del 2021, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso propuso desechar el juicio por considerar que la materia no era electoral sino, por el contrario, penal. Esta propuesta fue rechazada por los votos de la magistrada Janine M. Otálora Malassis y de los magistrados Felipe Fuentes Alfredo Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, así como de José Luis Vargas Valdez, aunque si bien este último consideró que sí era procedente el juicio estimó que el secreto ministerial sí era oponible en el caso concreto.

En la sesión del TEPJF, la mayoría de la opinión de los magistrados, que encabezó Janine M. Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, se determinó que el secreto ministerial no es oponible a las facultades fiscalizadoras del INE. La y los magistrados reiteraron el criterio recogido en la tesis relevante XLIV/2004 del TEPJF de rubro –tal cual lo resolvió el órgano de justicia–: «SECRETO MINISTERIAL GENÉRICO. ES INOPONIBLE AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CUANDO ACTÚA EN EJERCICIO DE FACULTADES DE FISCALIZACIÓN”.

En el debate de la resolución se dejó claro que en sintonía con lo votado en el juicio electoral 262 de 2021, el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdez fue rechazado por cuatro votos en contra de los presentes. En tanto, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien se opuso a la resolución, se había pronunciado en contra al considerar que la materia no es electoral y, el resto de las magistraturas, por estimar válido proteger las facultades del INE con el fin de salvaguardar sus facultades constitucionales, principalmente cuando se analizó que FGR, «indebidamente, se negó a completar su deber de colaborar con el cabal cumplimiento de las facultades de las autoridades electorales, bajo el pretexto de la existencia de un supuesto velo de secrecía que le impedía aportar la información solicitada para el esclarecimiento de los hechos denunciados».

Tras la disertación, por mayorías se resolvió que la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, debe entregar de inmediato las constancias solicitadas por la UTF y abstenerse de obstaculizar el adecuado trámite y resolución de los procedimientos electorales en materia de fiscalización.

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