‘Cárceles son las zonas más oscuras del Estado’; 40% no tiene sentencia

CIUDAD DE MÉXICO. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario en los ámbitos estatal y federal 2021. Se trata de un instrumento que permite dimensionar la magnitud de la población privada de su libertad y sus características generales.

UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS
De acuerdo con el Inegi, al cierre del año 2020 se tenía un registro, sumando a los ámbitos federal y estatal, de 211 mil 169 personas privadas de su libertad. De ellas 193 mil 343 son hombres (94.4% del total) y 17 mil 826 eran mujeres (5.6%). Del total de la población privada de la libertad, 37.9% eran personas cuya condición jurídica es la de ser (procesados), es decir, no tienen una sentencia; 14.4% tenían una sentencia no definitiva (emitida por un juez, pero en revisión por algún tribunal unitario o colegiado); 41.7% tenían ya una sentencia definitiva, y para un 6% no se tiene un estatus definido.

De las personas privadas de la libertad sin tener una sentencia, entre los hombres, el porcentaje es de 37.4%, mientras que entre las mujeres es de 46.6%, una diferencia estadísticamente significativa que debe llamar la atención de las autoridades del Poder Judicial.

LAS CÁRCELES DE MÉXICO
De acuerdo con el Inegi, al cierre del 2020 había 15 centros penitenciarios federales, ubicados en 12 entidades distintas del país: 1 en Sonora, 1 en Sinaloa, 1 en Nayarit, 1 en Guanajuato, 1 en Michoacán, 1 en el Estado de México, 1 en Veracruz, 1 en Oaxaca, 1 en Chiapas, y 2 en Coahuila, Morelos y Durango, respectivamente.

Por su parte, en el ámbito estatal se tiene registro de 251 centros penitenciarios y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes; la mayoría de ellos están en el Estado de México, donde hay 72 centros penitenciarios y 19 centros de internamiento para adolescentes.

Es importante destacar además que, en 2020, se reportó una capacidad instalada de 218 mil 474 espacios totales en los centros, tanto federales como estatales, de los cuales, no todos son celdas. En ese sentido es importante subrayar que se registra un 96.7% de ocupación en los centros penitenciarios, pero que en muchos de ellos hay una muy importante sobrepoblación. En ese sentido importa destacar igualmente que en 2020 hubo 2 mil 383 incidentes de inseguridad.

SOBRE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Al cierre del 2020, había en todo el país 6 mil 889 personas privadas de la libertad (3.3% del total) que pertenecían a algún pueblo indígena; 9 mil 114 personas registraba alguna discapacidad (4.3% del total). Asimismo, 74 mil 683 (35.4%) tenía alguna adicción a sustancias psicoactivas.

En total, las personas privadas de la libertad están acusadas de la comisión de 294 mil 392 delitos, de los cuales, 92.4% corresponden al orden común, y 7.6% al fuero federal. El 94.4% de los delitos son atribuidos a hombres y 5.6% a mujeres.

Entre los hombres detenidos en el fuero federal, 21% corresponden a posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército mexicano; mientras que en el fuero común el delito más común es el robo, con 33 por ciento.

Entre las mujeres, el delito federal más recurrente es el secuestro, con 25.9% del total del que se les acusa a ellas, mientras que en el fuero local el delito más recurrente es el robo, con 26.4%, según el Inegi.

UNA ZONA GRIS
De acuerdo con el Inegi, la mayor cantidad de personas privadas de la libertad son hombres. También una mayoría, tanto en el fuero federal como en el del orden común, se encuentran detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos graves y de alto impacto. A pesar de ello, la justicia sigue siendo muy lenta, pues casi 4 de cada 10 se encuentra en prisión sin haber recibido una sentencia.

¿CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?
Los tipos de delitos por los que la mayoría de las mujeres son detenidas son completamente distintos a los de sus contrapartes varones. Destaca sobre todo su participación en los delitos de secuestro, donde generalmente son acusadas de participar en la reclusión y vigilancia de las personas secuestradas. El porcentaje de ellas, que no han recibido sentencia, es casi 10 puntos porcentuales mayor al de los hombres, lo que podría mostrar un sesgo que debería llevar a la revisión de si efectivamente se está juzgando con perspectiva de género.

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