CJNG un cártel de la droga; detrás de la violencia en pueblo de Pantelhó

Algunos de los generadores de violencia son identificados: se trata de 12 personas que en distintas denuncias de instancias civiles y oficiales los vinculan con los hechos de sangre en el municipio de Los Altos de Chiapas; se trata de una red de políticos, empresarios y sicarios

La arbitrariedad, ilegalidad, migración forzada, asesinatos, homicidios políticos, robo de tierras, vehículos… todo esto y más que ha sucedido en Pantelhó, Chiapas; se trata de un proceso de descomposición político-social que inició en los albores del siglo XXI, al amparo de las autoridades municipales, auspiciadas primordialmente por el crimen organizado.

La violencia registrada en los últimos días en ese municipio indígena —fundamentalmente de origen tzotzil y tzeltal—, de Los Altos de Chiapas, es una estampa elocuente; clímax de un cúmulo de delitos que por años han amasado una mole de impunidad que trepida cuesta abajo, aplastado el estado de derecho.

Los rifles calibre .22, que tradicionalmente cargaban los campesinos de la región, son de juguete frente a las armas de alto poder que los generadores de violencia en Pantelhó disparan para hacer sentir su poder, e incluso fabrican bombas: con esos artefactos hicieron añicos una casa y un vehículo, la semana pasada.

Hasta ahora —que el gobierno federal ya tomó cartas en el asunto, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días—, ninguna autoridad ha podido ponerle freno a la lucha por el poder político, el presupuesto municipal y el trasiego de droga, principalmente mariguana, que se libra en ese territorio.

En este episodio de violencia creciente, las autoridades analizan de forma meticulosa un presunto vínculo entre Los Ciriles, el grupo armado que azuela el lugar, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el perredismo local.

Excélsior obtuvo los nombres y fotografías de una docena de personas entre políticos, empresarios y sicarios, que distintas organizaciones civiles y autoridades gubernamentales relacionan como responsables de hechos delictivos que tienen de cabeza a Pantelhó, lo que ha producido en esa zona de Los Altos de Chiapas una inusual presencia de efectivos del Ejército Federal y de la Guardia Nacional.

La presencia de estas fuerzas provocó que el Centro de Derechos Humano Fray Bartolomé de Las Casas se pronunciara sobre este hecho. “La estrategia de militarización de los territorios de Chenalhó y Pantelhó implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad personal, garantías judiciales y el libre tránsito de la población tzotzil y tzeltal de Los Altos.

“Además —apunta el Frayba—, profundiza el miedo y el terror de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno a raíz de la violencia generalizada causada por el crimen organizado. Estas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México”.

HERRERA ABARCA, EL DESESTABILIZADOR

Pantehló actualmente es gobernado por el PRD, que refrendó el poder en las elecciones del pasado 6 de junio. El municipio, sin embargo, tiene una fuerte presencia priista; de hecho, el PRI tuvo que dejar el gobierno municipal al PRD en 2019 por una acusación en contra del alcalde electo para el trienio 2018-2021, Santos López Velasco, acusado de acoso sexual.

A la par del PRI, Morena, como ha sucedido en casi todo el país, ha experimentado cierto crecimiento en Pantelhó.

Además de estas fuerzas políticas constitucionales, el municipio, junto con Sitalá, desde el 19 de diciembre de 1994, forma parte de los municipios autónomos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con el nombre de Santa Catarina. Ahí permanece activa una gran base social del zapatismo.

La aparición de El Machete, obedece a que distintos grupos políticos, sociales, religiosos como son los agentes municipales, comisariados ejidales, representantes de distintas denominaciones religiosas, miles de ciudadanos de las 85 comunidades de Pantelhó, incluso quienes forman parte de la base de apoyo del EZLN, están hartos de esa lucha sanguinaria por el poder, que hace dos décadas inició con un personaje llamado Austreberto Herrera Abarca.

Herrera Abarca es considerado en el pueblo algo más allá de un simple cacique de un pueblo indígena. Es el poder del autoritarismo en todo su esplendor. A tal grado llega su poder, que, desde su detención, el 31 de julio de 2019, acusado de varios homicidios, la inestabilidad política y social creció aun más en Pantelhó.

Desde la cárcel, Herrera Abarca —apoyado por algunos de sus familiares, como Daily de los Santos Gutiérrez Herrera y Rubén Gutiérrez Herrera—, operó la inestabilidad que ha vivido el municipio. Provocó que el alcalde López Velasco saliera huyendo junto con su familia en busca de refugio. En ese contexto, el juez de Paz y Conciliación Indígena fue detenido por seguidores de Herrera Abarca; lo presionaron para obtener dinero público que pretendían justificar como obra ejecutada; el tesorero municipal renunció de su cargo.

El 26 de agosto de 2019, López Velasco reunió a su personal en la presidencia municipal para acordar reanudar las actividades del ayuntamiento. El personal ya estaba dividido: unos a favor del alcalde y otros en contra. De hecho, el único leal a la causa del priista era el secretario municipal. La inestabilidad ya era casi total.

La división política y social fue capitalizada por el grupo de Raquel Trujillo Morales, síndico municipal por usos y costumbres, y presidente municipal electo para el trienio 2021-2024 y cuya esposa, Delia Yaneth Velasco Flores, era la síndico municipal constitucional y quien tomó las riendas de Pantelhó cuando fue destituido López Velasco.

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